Las pensiones de alimentos, ultimo reducto de opacidad en la gestión de recursos ajenos por José V. La Cave Rupérez www.lacaveabogados.com @LaCaveAbogado

Las pensiones de alimentos, vienen reguladas en el Código Civil español, y definidas como “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable”. (art. 142 CC). En la práctica, y referido a la situación de divorcio o ruptura de la pareja, la pensión de alimentos es pagada por el progenitor 1, antes denominado padre, al progenitor 2, a quien se conocía como madre. Por tanto, es un deber impuesto por la ley, que nace en virtud de la relación paternofilial, en el caso al que nos vamos a referir.

A diferencia de lo que sucede por ejemplo en el ámbito del derecho mercantil, esas pensiones se gestionan sin tener que rendir cuentas del destino que se le da o justificar los gastos a que se aplica, con total falta de transparencia, en un tiempo donde la sociedad demanda precisamente transparencia en todos los ámbitos de la vida, pública y privada (no sólo en la gestión del presupuesto de lo público, si no en ámbitos tan privados como la retribución de trabajadores en empresas privadas). E incluso difiere también de la obligación de rendición de cuentas que para figuras como albacea o tutor, exige el Código Civil, al referirse a las testamentarías.

Lo cierto es que cuando la pensión de alimentos ingresa en la cuenta corriente de la progenitora 2 (sin ánimo de discriminar, pues no entiendo por que el padre debe ser el progenitor 1 y la madre, progenitora 2; imagino que esta nueva terminología seguirá puliéndose para que no suponga discriminación alguna, suponga lenguaje machista, y la designación numérica no suponga una minusvaloración), que es la encargada de administrar esa pensión, el dinero se confunde con el resto de ingresos que pueda obtener, y en derecho español no existe la menor posibilidad de controlar el adecuado destino de dicha pensión, que no debería ser otro que lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción del menor de edad.

La utilización inadecuada de la pensión alimenticia es un acto de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tengan reconocido el derecho a dicha pensión. De nada sirve el establecimiento de una pensión de alimentos a favor de los menores para asegurar sus necesidades vitales, si esta no se destina a lo previsto legalmente, ni se controla dicho destino y fin. Por ello, cada día es más necesario, en respuesta a la demanda social de transparencia, y a la protección de los menores, que se regule el control del destino de dichas pensiones, pagadas por un progenitor y gestionadas por otro distinto.

Es un grave error confundir la pensión de alimentos con una especie de compensación por el cuidado de los menores, de quienes se atribuyen la custodia exclusiva e impuesta, privando al alimentista precisamente de, no sólo la custodia, si no de cumplir con las obligaciones y responsabilidades parentales, que desde luego van mucho más allá de la mera contribución económica. Sobretodo cuando ese modelo responde a un sistema trasnochado de patriarcado machista, y que sin embargo es defendido a ultranza por el más rancio, demagógico y discriminatorio feminismo radical. Es decir mientras dicen defender la igualdad de obligaciones y responsabilidades respecto de los hijos, al mismo tiempo se oponen radicalmente (tan radical como esa ideología) a la custodia compartida que es la única custodia que garantiza la igualdad en el cuidado de los hijos tras el divorcio.

Si la legislación no regula la adecuada administración de la pensión de alimentos, no es posible garantizar el derecho efectivo de los menores, y supone sin paliativos, una violación de sus derechos, como viene sucediendo en España. De este modo, mal se defiende el interés superior del menor y el principio de corresponsabilidad parental, que únicamente está recogido de forma grandilocuente en tratados internacionales, suscritos por el estado, pero vacíos de todo contenido en nuestra legislación.

Todo ello crea las condiciones ambientales adecuadas para la violación de los derechos de los menores y la malversación de sus pensiones de alimentos.

A ello se une la discriminación sistemática de los menores en función de lugar donde residan, ya que en las comunidades autónomas vasca, catalana y aragonesa, tienen reconocido el derecho a la corresponsabilidad parental que representa la custodia compartida, mientras que en el resto del territorio nacional, los niños y niñas no tienen este derecho, a pesar de reconocer el Código Civil, la custodia compartida como el sistema normal, no excepcional y deseable de custodia, pero que únicamente es concedida en menos del 25 % de las peticiones; y encima desde los colectivos feministas se dice que ha aumentado mucho, y que ya se da en este “altísimo” porcentaje. No sé lo que pensarían estas feministas, si las empresas sólo contrataran al 25% de las mujeres, si en las oposiciones de empleo público sólo las aprobaran el 25% de las candidatas, y si cobraran el 25% de lo que cobran los hombres. Seguro que entonces no afirmarían que un 25% es un porcentaje altísimo.

Si toda esta situación pudiera llamar la atención, lo cierto es que todavía es más grave al poner de relieve que las pensiones de alimentos son establecidas en España, sin un baremo, y es establecida por los jueces de familia según sus propios criterios. Y esto es absolutamente irregular si analizamos el derecho comparado, ya que nuestra querida España, es uno de los pocos países donde esto sucede. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, también a diferencia de la inmensa mayoría de países de nuestro alrededor, la pensión de alimentos en España no tiene un límite temporal, y no existe límite de edad en el momento de su fijación.

Eso sí, en España está absolutamente regulados los mecanismo civiles y penales para garantizar el pago de la pensión. Pago de pensión que en modo alguno garantiza que ese dinero llegue a los menores para cubrir sus necesidades vitales, como vengo diciendo. Podríamos decir, por tanto que la legislación española desconfía profundamente de la voluntad del alimentista (que casualmente es el varón en la inmensa mayoría de los casos), y en cambio tiene completa confianza en la progenitora encargada de gestionar la pensión de los descendientes.

Con todo ello empezamos a entender como la fiscalía, cuya obligatoria presencia en los proceso de familia, viene derivada de la protección del menor, sistemáticamente se alinea con la defensa de la progenitora, ya sea la demandante o demandada; teniendo que enfrentarse, el progenitor 1, no sólo a su ex pareja, si no a la fiscalía del estado. Sin embargo, el papel de la fiscalía defendiendo los intereses de los menores no se existe cuando de lo que se trata es de garantizar la adecuada gestión de la pensión y que esta sea efectivamente destinada al fin para el cual está establecida y prevista legalmente.

Se hace urgente un sistema objetivo de establecimiento de la pensión, y no totalmente discrecional como ocurre en la actualidad, y que dicha pensión cubra los gastos reales de los menores, y que se exista la obligación de rendir cuentas de la administración de dicha pensión y de la aplicación a gastos de los hijos.

Es absolutamente necesario, en aras de proteger a los menores, no con declaraciones de intenciones, si no de proteger y velar realmente por ellos y sus derechos, garantizándoles a todos los niños y niñas españoles, el derecho a la custodia compartida y por supuesto, el control del destino de ese dinero “negro” gestionado por las progenitoras, con absoluta discrecionalidad pueda ser desviado a fines para los que no está previsto. Sólo así la obligación del Estado en proteger a los menores será efectiva.

1 pensamiento sobre “Las pensiones de alimentos, ultimo reducto de opacidad en la gestión de recursos ajenos por José V. La Cave Rupérez www.lacaveabogados.com @LaCaveAbogado

  1. Que ocurre entonces cuando estás divorciada y de repente no hay ingresos en la cuenta de los hijos por parte de su progenitor?
    Que hace la progenitora para que el progenitor cumpla con su obligación?
    Cómo afecta a los niños esa irresponsabilidad?
    Es mi caso, no he podido asumir sola gastos de formación en los niños y al margen de lo económico el daño personal que causa en ellos. A parte de no hacer efectivo el ingreso mensual por alimentos, formación, etc…la ausencia de hablar con sus hijos, jugar, hacer deberes, llevarlos a un hospital por una urgencia, un sin fin….
    Que hacemos esas madres?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *