Violencia contra la mujer y la prisión permanente revisable

José Luis La-Cave Rupérez

Estamos asistiendo a una iracunda campaña de los llamados colectivos feministas y de la izquierda en su conjunto, con toda la artillería de los medios de comunicación que tienen a su servicio, que no son pocos, una campaña al estilo Alerta antifascista como tanto le gusta a Pablo Iglesias, contra la posible derogación o modificación de las leyes de Violencia mal llamadas “de Género”.

El maniqueísmo de la izquierda, que siempre ha pretendido dividir a la sociedad entre buenos y malos, obreros y patronos, e imponer sus ideas como las únicas válidas, atentando, por tanto contra la libertad individual, ahora ha encontrado otra veta eelctoral: dividir la sociedad entre mujeres y hombres. El objetivo es claro y sencillo: conseguir un apetitoso caladero de votos, que no es otro que las mujeres en su conjunto; más de la mitad de la población española. Como si los hombres estuvieran en lucha contra sus madres, esposas, hermanas e hijas, y pretendieran someterlas por una suerte de patriarcado. U obligando a las mujeres que pertenecen a sus colectivos a que desprecien, desconfíen, e incluso criminalicen a sus padres, hermanos, esposos e hijos.

Tanto los hombres como las mujeres, no nacemos por generación espontánea o asexual, si no de la unión de ambos, y se desarrolla en familias, esas microsociedades donde se aprende valores, se crece y desarrolla como persona, y se prepara para la vida en sociedad. Por lo que la defensa de la familia y de sus miembros, supone la protección también de las mujeres. Pero la izquierda siempre busca dividir, nunca busca encontrar lo que nos une, si no aprovecharse de la diferencia.

Esta ideología choca frontalmente con los valores constitucionales, tanto por sus contenidos como por sus formas, ya que en democracia si bien hay que respetar todas las ideas de los individuos, no es admisible que se impongan las ideas, a quienes opinan diferente, y gran parte de la sociedad, opina diferente a ellos y ellas.

Precisamente esa imposición, es el objetivo de los colectivos que se arrogan el monopolio de la defensa de la mujer, pero sólo de las mujeres que opinan como ellos, y de las que se atribuyen su representación, excluyendo al resto de la sociedad civil, incluidos a los partidos que no pertenecen al selecto y “progresista” club de la izquierda. Lo cierto es que, ni muchísimo menos representan a las todas las mujeres, si no sólo a algunas.

Ya hace más siglo, el comunismo pretendió erradicar la religión, sustituyéndola por sus dogmas, revelados al profeta Marx, y cuyos principios verdaderos e inmutables hay que imponerlos al mundo, aunque los individuos que lo pueblan piensen diferente. Por eso, tanto el marxismo como el actual feminismo radical promovido desde esa izquierda es un verdadero totalitarismo.

Tras el fracaso rotundo del comunismo al no satisfacer ninguno de los anhelos que tienen los individuos como personas, se reinventan con esta nueva lucha de sexos, que si bien la de clases llevaba a enfrentarse a patronos, burgueses y pequeños emprendedores, ahora busca que madres se enfrentes a esposos, padres e hijos. En definitiva, persiguen la extinción de la familia, institución protegida por nuestra Constitución. Y todo esto difundido con el dinero público, y la demagogia, como eficaz instrumento de propaganda de masas, donde la repetición de las mentiras, las pretenden transformas en verdades, siguiendo las lecciones de Goebbels, quizás derivado del antiguo pacto entre Hitler y Stalin.

Hace escasas horas, asistí a la intervención de Juan José Cortés, padre de Mariluz, que a sus 5 años de edad fue salvaje y cruelmente asesinada por un pederasta reincidente. En su magistral alocución, Juan José preguntaba ¿Quién puede defender más a las mujeres, que un padre que ha perdido a su hija?

Pues bien, Juan José ha sido uno de los principales promotores de la prisión permanente revisable, que es, a su entender y al de la inmensa mayoría de los españoles, el arma más eficaz de protección de las victimas más débiles, niños, niñas, ancianos y ancianas, mujeres y hombres, al evitar que continúen en la calle asesinos y violadores, mientras no estén en situación de reinsertarse en la sociedad.

Juan José advertía también que el PSOE que enarbola y pretende monopolizar la bandera de la defensa de las mujeres, junto con el resto de la izquierda, es precisamente quien se opone a la prisión permanente revisable, cuando es la medida más eficaz y que mejor protege a la sociedad en su conjunto, y a las mujeres por supuesto.

Así es la izquierda. Poco o nada democrática, como siempre lo ha sido y como lo fue cuando en 1934 dio un golpe de estado contra la República tras la pérdida de las elecciones, o como lo es cuando hoy en día, en Andalucía promueve, alienta y apoya los escraches en el parlamento al perder después de 40 años el Gobierno de la Junta. Los mismos que cuando ven que van a perder el Gobierno de España, no dudan en orquestar campañas del miedo, diciendo que si gana la derecha, los pensionistas perderán las pensiones. O sea que los políticos y votantes de partidos de la derecha, quieren ver a sus padres y abuelos, tirados por las calles pidiendo limosna. Lo cierto es que hoy casi nadie les cree, sobretodo por que en la práctica se ha demostrado tan maña falsedad, y la repercusión de sus mensajes cada día es menor; y ahora amenazan con el mantra que si gana la derecha derogará la Ley de Viogen, dejando a la mujer completamente desprotegida en las garras de los hombres machistas y violentos por naturaleza.

No hay mejor protección para la mujer, pero también para los padres de esa mujer, de los hijos de ella, e incluso de su esposo, que la prisión permanente revisable que como ya he dicho impide a un asesino, violador y/o pederasta volver a una sociedad sin estar reinsertado y sin garantías de no reincidir.

Pero claro, esta medida, la prisión permanente revisable, y la erradicación de la violencia en la sociedad contra la mujer, contra los ancianos, contra los niños, e incluso contra los hombres, significaría que no son necesarias las asociaciones feministas radicales, ni justificaría las millonarias subvenciones de las que viven lujosamente.

Proteger al peatón no significa criminalizar al conductor, ni restringir sus derechos y libertades constitucionales; proteger al obrero de los accidentes laborales, no significa ni puede significar, restringir o eliminar los derechos y libertades constitucionales de los empresarios y emprendedores. Proteger al ciudadano del terrorismo de cualquier clase, no significa restringir derechos recogidos en la Constitución, a las personas que integran grupos terroristas islamistas, como tampoco se hizo con los terroristas independentistas vascos de izquierda, si no que se les combatió y se les ganó la partida, sólo con la ley y nada más que la ley, pero con todo el peso de la ley, dentro de la Constitución y su legislación penal, con todas las garantías del Estado de Derecho.

Nos preguntamos ¿Por qué una misma ley no puede proteger, al mismo tiempo a las mujeres y también a los niños y ancianos, e incluso a los hombres?

Llegamos a otra de las incoherencias de los dogmas de la ideología de género. Según este radical y extremista pensamiento, el origen de la violencia contra la mujer está en el machismo que es consustancial al varón. Sin embargo, esa misma ideología de género, propugna que el condicionante género no debe ser una cuestión biológica; es decir, por el mero y anecdótico hecho de nacer con unos determinados atributos sexuales, si no una elección individual, y por tanto que cada uno pueda elegir el sexo al que quiere pertenecer. Y así ya ha sido recogido en la legislación que nos ha impuesto. Es decir, que cuando un hombre elige ser de sexo femenino, por la obra y gracia de la mera inscripción en el Registro Civil de dicha nueva condición, se produce una catarsis o exorcismo, y sale el machismo de la mente y cuerpo de la persona transexuada, como si de una posesión diabólica se tratara. Claro está, el efecto contrario, suponemos que podría aparecer en aquellas mujeres que elijan pertenecer al sexo masculino, con el riesgo de contagio machista o de alguna suerte de posesión por parte una entidad demoniaca (ya sabemos que estas entidades son siempre masculinas, y por tanto, machistas).

Y con esta nueva incoherencia de la izquierda, que se suma a una larga e interminable lista de ellas, todavía se preguntan por qué en las recientes elecciones autonómicas de Andalucía sus votantes se han quedado en casa. Y esa precisamente es la mayor de las coherencias: si no pueden votar a un partido que no sea de izquierdas, quedarse en casa, disfrutando de la familia, de la pareja, de los hijos, y las hijas, de los padres y de las madres.

Pretender que una ley como la de Violencia de Género, producida por el peor gobierno que ha tenido España en su historia, posiblemente desde Fernando VII, el más incompetente, siniestro y sectario, no pueda derogarse ni siquiera modificada, es pretender arrogar a dicha ley la fuerza de la Palabra de Dios. Las leyes, bien al contrario, deben responder a la realidad de la sociedad donde se tienen que aplicar y por tanto no hay ninguna ley inmutable, y menos leyes cuestionadas desde todos los sectores, incluso el judicial. Lo que es cierto, que frente a los aleluyas de esa ley, dogmas inventados, a la incongruente e infundada ideología en que se soporta, y ante el interés de la sociedad en ser protegida de la violencia, la medida más efectiva es impedir que asesinos, pederasta y violadores, que no estén en condiciones de reinsertarse en la sociedad, vuelvan a las calles a seguir cometiendo delitos, y ello sólo lo garantiza la actual prisión permanente revisable, casualmente recurrida ante el TC por el PSOE y atacada por la izquierda totalitaria, al tiempo que dicen defender a las mujeres; a las mujeres que no hayan sido víctimas del terrorismo de ETA, por que en esa cuestión, les gusta estar al lado, no de las víctimas, si no de los que comparten los fines de dicho terrorismo, y en los que se apoyan incluso para alcanzar el Gobierno de España.

En democracia, nunca los fines justifican los medios, aun más cuando esos fines y objetivos no se alcanzan ni siquiera con los desproporcionados pero inútiles medios implantados, y que suponen una grave constricción de los derechos y garantías constitucionales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *